El
Gobierno de Rajoy ha aprobado el anteproyecto de la Ley de mejora de la calidad
educativa (LOMCE). Es deseable que la futura ley logre un amplio consenso
social que garantice su permanencia durante muchos años. Sus presupuestos antropológicos son
manifiestamente mejorables.
¿Qué
antropología la inspira?
Pretende, en primer lugar, frenar la sangría de abandono
escolar temprano y, en segundo lugar, aumentar la proporción de alumnos
excelentes. Sin embargo, se observa que el anteproyecto tiene una concepción
economicista de la educación, para crear puestos de trabajo al vincular de
entrada la educación con la competitividad y el nivel de prosperidad del país.
¿Pero hay algo más importante que el desarrollo de las personas en sus
virtudes, valores, y conocimientos? Tendremos que superar el minimalismo de que
los árboles impidan ver el bosque.
En efecto, este anteproyecto no armoniza bien con el
artículo 27 de la Constitución, cuanto establece que: “La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales”. La Carta Magna tiene una visión más amplia de la persona que la
del pragmatismo economicista. !Apañados estamos si con la nueva ley formamos
sólo buenos trabajadores para levantar el país¡
Rehacer
el sistema educativo
Ese anteproyecto tiene buenas ideas sobre el sistema educativo,
sobre la calidad educativa, y sobre la libertad real para elegir centro escolar;
tres pilares básicos muy deteriorados durante estos años. Vemos cada uno de
ellos.
Primero, rehacer el sistema educativo. La nueva ley quiere unificar
recuperando la dirección del Ministerio de Educación para superar las
diferencias injustas entre los alumnos en las diversas comunidades autonómicas.
Con diecisiete minileyes educativas no hay modo de progresar, ni de que nos
tomen en serio en los foros internacionales. La Constitución sí avala al
Ministerio en este punto: “Los poderes público inspeccionarán y homologarán el
sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes” (Art. 27.8).
En segundo lugar, desarrollar una educación de calidad, que pasa
por recuperar la autoridad de los profesores, de los directores y de los
centros. Se trata de que los alumnos estudien en un contexto que valore el
esfuerzo; por ello esta nueva ley establecerá evaluaciones externas y
estandarizadas para todo el territorio educativo nacional, a fin de comprobar
el nivel académico de los alumnos en la primaria, la ESO y el bachillerato.
El Ministro Wert declara que tales evaluaciones no se
conciben como barreras sino como estímulo y superación de un periodo, que evitará
el abandono de la cuarta parte amplia de alumnos sin ninguna capacitación
objetiva para la vida laboral: los tristemente famosos “ninis”, que ni estudian
ni trabajan. Según ese último informe de la OCDE ese grupo de jóvenes entre los
20 y los 24 años representan el 27,4% de esa franja, y somos el segundo país en
fracaso, solo por detrás de Israel. Esperamos que el proyecto de Formación
Profesional Básica vaya logrando de veras la inserción laboral de unos jóvenes
con la capacidad suficiente para ser aceptados por las empresas: que puedan trabajar
de una forma digna.
Apostar por la libertad educativa real
En tercer lugar el anteproyecto apuesta por la libertad
educativa: de los padres para elegir colegio de acuerdo con sus principios y
valores, tal como establece la Constitución; la de los agentes educativos para
crear centros y dirigirlos sin someterse a imposiciones del gobierno autonómico
de turno; y también reconoce esta futura ley la enseñanza diferenciada como un
modo más de educar, que no discrimina a nadie.
Sin embargo, algunos expertos, asociaciones familiares y
patronales de centros observan que no avanza en la liberad de elección del
centro educativo, en la mejora de la concertada, ni en reconocimiento del
profesorado, en particular del de religión. Es decir, parece que las buenas
ideas se estrellan con la realidad práctica de la economía en tiempos de
crisis. Pero la Constitución es bien clara, con palabras que sabemos de memoria pero no
las vivimos: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones” (Art. 27, 5). Y también: “Los poderes
públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley
establezca” (Art. 27,9).
Siendo la clase de religión algo tan sensible, no se
entiende bien que este anteproyecto de ley no apueste por los valores que
implica esta materia: que se desarrolle en horario escolar normal, no
fronterizo; que sea evaluable y cuente para la nota media. Cierto que debe ser
una asignatura optativa, pero con una alternativa ética consistente y
también evaluable para la nota media, a
fin de no perjudicar a ningún alumno, ni a los sufridos profesores que siguen
siendo de segunda categoría en la mayoría de los centros públicos.
Ahora este anteproyecto pasará por el debate parlamentario, y
sobre todo por el debate abierto en la opinión pública, y sobre todo por las
aportaciones de las asociaciones de padres. Es deseable que la futura ley logre
un amplio consenso social que garantice su permanencia durante muchos años,
porque es un asunto de Estado y no de partidos.
Jesús
Ortiz López . Doctor en Ciencias de la Educación
http://www.analisisdigital.org/2012/11/19/reforma-educativa-a-la-vista/