La llamada
Ley Celáa ha pasado el trámite parlamentario en el Congreso sin consenso, sin
consulta, y por un solo voto de mayoría. Su determinación es establecer la escuela
pública y laica. Pero esto va contra la legislación y las recomendaciones
internacionales que defienden la libertad de los padres para elegir la
educación de sus hijos, rechazan el adoctrinamiento, y defienden el pluralismo
como un valor social.
1. La
Declaración Universal de Derechos Humanos trata el derecho a la educación
en los siguientes términos: implantar la enseñanza primaria gratuita,
garantizar la obligatoriedad de la enseñanza, determinar su contenido mínimo y
respetar la libertad de los padres para elegir una educación que esté de
acuerdo con sus propias convicciones, según recoge la profesora Carolina Ugarte
en un artículo en el Diario Las Provincias del 14 noviembre 2020.
2. Recuerda que
el derecho a la educación tiene una doble dimensión social y de libertad, y por
ello indica que son los estados los que deben garantizar su cumplimiento. Así
el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales señala: «Los Estados se comprometen a respetar la libertad de
los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las
autoridades públicas». En definitiva, la educación en libertad y la educación
como derecho social es parte del contenido del derecho a la educación.
3. El
artículo 27 de la Constitución española señala que todos tienen derecho a
la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Y añade: «Los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones». Obviamente ese derecho en sentido estricto es de los alumnos
como personas con necesidades intelectuales, morales y religiosas, y que los
padres son quienes se encargan primariamente de su educación y formación e
instrucción
Impulsar la
educación requiere avanzar en el aumento de la autonomía pedagógica,
organizativa y de gestión de los centros educativos; una autonomía que se debe
mostrar en la toma de decisiones sobre recursos humanos, materiales y
financieros, y naturalmente en su proyecto educativo.
El programa
PISA en sus sucesivas ediciones, señala la relación que existe entre el
incremento de la autonomía de los centros y la mejora de los resultados de los
alumnos, algo que nos sitúa lejos de otros países. Además el informe TALIS de
la OCDE en su última edición de 2018 señala que el 21% de centros de Educación
Primaria en España tiene autonomía para seleccionar y contratar profesorado,
aunque está lejos del 90 % de Dinamarca, Bélgica, Inglaterra y Suecia, señala
la profesora Carolina Ugarte.
Desde hace
tiempo en España carecemos de un pacto nacional en educación estable
fruto del debate pedagógico, centrado en el alumno pues el objetivo último es la
formación integral de la persona. Pero ese pacto no puede alcanzarse si desde
el Gobierno no hay voluntad de lograr de consenso que busque la colaboración
eficaz entre los expertos en educación, los responsables de la elaboración de
las políticas educativas y por supuesto de las familias. Todo esto está ausente
en la ley que se tramita sin consenso y con sospechosa urgencia.
En cambio,
llama la atención las declaraciones de la presidenta de la CEAPA,
Leticia Cardenal, que defiende una escuela pública, laica y gratuita, y por eso
considera que la LOMLOE o ley Celáa es estupenda. Defiende que solo debe haber
dos tipos de escuela: pública mayoritaria y privada minoritaria que cuesta más dinero
a los padres.
Por eso,
según ella, debe desaparecer la concertada a pesar de que la cuarta parte de
las familias la prefieren sobre las otras, un pequeño dato que por lo visto puede
ignorarse. Entiende que la escuela concertada y diferenciada ¡es cuestión de
creencias!, y no le gusta que se mantengan con dinero público.
La señora
Cardenal rechaza las escuelas diferenciadas porque le parecen un atraso, cuando
los expertos internacionales en educación cuestionan las ventajas académicas y
educativas de la indiferenciada. Parece que aún mantiene el tópico de que el
dinero público es para la escuela estatal, porque sería la más social e
igualitaria. ¿Y si las familias quieren clase de religión? -que no es
catequesis confesional-, pues que sea fuera del horario escolar, y que tienen
que ceder, añade. En realidad la presidenta no parece que represente a los
padres de alumnos ni que sea partidaria del consenso sino del rodillo.
Jesús Ortiz
López
https://religion.elconfidencialdigital.com/opinion/jesus-ortiz-lopez/mala-ley-educacion/20201202231144040532.html