Reforma educativa a la vista

El Gobierno de Rajoy ha aprobado el anteproyecto de la Ley de mejora de la calidad educativa (LOMCE). Es deseable que la futura ley logre un amplio consenso social que garantice su permanencia durante muchos años.  Sus presupuestos antropológicos son manifiestamente mejorables.

¿Qué antropología la inspira?

Pretende, en primer lugar, frenar la sangría de abandono escolar temprano y, en segundo lugar, aumentar la proporción de alumnos excelentes. Sin embargo, se observa que el anteproyecto tiene una concepción economicista de la educación, para crear puestos de trabajo al vincular de entrada la educación con la competitividad y el nivel de prosperidad del país. ¿Pero hay algo más importante que el desarrollo de las personas en sus virtudes, valores, y conocimientos? Tendremos que superar el minimalismo de que los árboles impidan ver el bosque.

En efecto, este anteproyecto no armoniza bien con el artículo 27 de la Constitución, cuanto establece que: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. La Carta Magna tiene una visión más amplia de la persona que la del pragmatismo economicista. !Apañados estamos si con la nueva ley formamos sólo buenos trabajadores para levantar el país¡

Rehacer el sistema educativo

Ese anteproyecto tiene buenas ideas sobre el sistema educativo, sobre la calidad educativa, y sobre la libertad real para elegir centro escolar; tres pilares básicos muy deteriorados durante estos años. Vemos cada uno de ellos.

Primero, rehacer el sistema educativo. La nueva ley quiere unificar recuperando la dirección del Ministerio de Educación para superar las diferencias injustas entre los alumnos en las diversas comunidades autonómicas. Con diecisiete minileyes educativas no hay modo de progresar, ni de que nos tomen en serio en los foros internacionales. La Constitución sí avala al Ministerio en este punto: “Los poderes público inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes” (Art. 27.8).

En segundo lugar, desarrollar una educación de calidad, que pasa por recuperar la autoridad de los profesores, de los directores y de los centros. Se trata de que los alumnos estudien en un contexto que valore el esfuerzo; por ello esta nueva ley establecerá evaluaciones externas y estandarizadas para todo el territorio educativo nacional, a fin de comprobar el nivel académico de los alumnos en la primaria, la ESO y el bachillerato.

El Ministro Wert declara que tales evaluaciones no se conciben como barreras sino como estímulo y superación de un periodo, que evitará el abandono de la cuarta parte amplia de alumnos sin ninguna capacitación objetiva para la vida laboral: los tristemente famosos “ninis”, que ni estudian ni trabajan. Según ese último informe de la OCDE ese grupo de jóvenes entre los 20 y los 24 años representan el 27,4% de esa franja, y somos el segundo país en fracaso, solo por detrás de Israel. Esperamos que el proyecto de Formación Profesional Básica vaya logrando de veras la inserción laboral de unos jóvenes con la capacidad suficiente para ser aceptados por las empresas: que puedan trabajar de una forma digna.

Apostar  por la libertad educativa real

En tercer lugar el anteproyecto apuesta por la libertad educativa: de los padres para elegir colegio de acuerdo con sus principios y valores, tal como establece la Constitución; la de los agentes educativos para crear centros y dirigirlos sin someterse a imposiciones del gobierno autonómico de turno; y también reconoce esta futura ley la enseñanza diferenciada como un modo más de educar, que no discrimina a nadie.

Sin embargo, algunos expertos, asociaciones familiares y patronales de centros observan que no avanza en la liberad de elección del centro educativo, en la mejora de la concertada, ni en reconocimiento del profesorado, en particular del de religión. Es decir, parece que las buenas ideas se estrellan con la realidad práctica de la economía en tiempos de crisis. Pero la Constitución es bien clara,  con palabras que sabemos de memoria pero no las vivimos: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Art. 27, 5). Y también: “Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca” (Art. 27,9).

Siendo la clase de religión algo tan sensible, no se entiende bien que este anteproyecto de ley no apueste por los valores que implica esta materia: que se desarrolle en horario escolar normal, no fronterizo; que sea evaluable y cuente para la nota media. Cierto que debe ser una asignatura optativa, pero con una alternativa ética consistente y también  evaluable para la nota media, a fin de no perjudicar a ningún alumno, ni a los sufridos profesores que siguen siendo de segunda categoría en la mayoría de los centros públicos.

Ahora este anteproyecto pasará por el debate parlamentario, y sobre todo por el debate abierto en la opinión pública, y sobre todo por las aportaciones de las asociaciones de padres. Es deseable que la futura ley logre un amplio consenso social que garantice su permanencia durante muchos años, porque es un asunto de Estado y no de partidos.

Jesús Ortiz López . Doctor en Ciencias de la Educación

http://www.analisisdigital.org/2012/11/19/reforma-educativa-a-la-vista/