La magistrada del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel, ha criticado las afirmaciones voluntaristas y la carga ideológica de la reciente sentencia de sus compañeros sobre el aborto. Coincide con el parecer de otros tres magistrados en que el TC se ha extralimitado pues no tiene atribuciones para establecer nuevos derechos constitucionales que corresponden al legislativo constituyente.
Rechazo a la sentencia
Muy controvertida resulta esta sentencia
rechazada por expertos y buena parte de la sociedad. La ciencia, a la que
tantas veces se apela como un oráculo, prueba que hay un ser humano desde la
concepción y empieza a desarrollarse en el seno de la madre, salvo que le
siegue su vida mediante el aborto. Además, al considerarlo como un derecho de
autodeterminación de la mujer, se desentiende del varón como si no fuera también
responsable de esta nueva vida y de las decisiones posteriores.
«Todos tienen derecho a la vida y a la
integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a
tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de
muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos
de guerra». Así lo establece la Constitución en el artículo 15. Sin embargo, una
mayoría del Tribunal Constitucional determina que el aborto es un derecho fundamental
de la mujer a la integridad física y moral.
Esto no debería ser: primero, porque no
hay mujer sino mujeres con nombre y apellido con sus ilusiones y
problemas personales. Segundo, ese todos excluye según el TC a las
criaturas engendradas y no nacidas aún; tercero, pues ignora que el aborto es
una tortura para el ser humano en el seno materno, tortura que se quiere
silenciar tapando las imágenes que muestran el horror de ese sufrimiento, y el
intento de defensa de la criatura; y cuarto, cuando apela a la defensa de la dignidad
moral de la mujer pero ¿es un progreso moral que una mujer determinada mate
a su hijo?
Agenda 2030
Han pasado quince años desde que se
presentó la Agenda 2030 marcando muchos objetivos para estos años y nos
encontramos a la mitad de su recorrido. Entre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, ODS, se van cumpliendo metas para paliar el cambio climático y sus
consecuencias, la conservación de los ecosistemas terrestres, o la promoción de
fuentes de energía sostenibles.
Especial importancia y urgencia tienen
las metas para mejorar el progreso material y social de las personas, en
particular las menos favorecidas, como es la reducción del hambre, de la
mortalidad materna e infantil, la escolarización en primaria, la lucha contra
el sida, o la cobertura sanitaria universal. Sin embargo, algunos critican la
visión economicista y materialista del desarrollo, e incluso el individualismo
con la insistencia en los derechos antes que en los deberes, y se podría añadir
la escasa atención al desarrollo de la familia como institución básica de la
sociedad y clave para el desarrollo de los pueblos.
Otros críticos consideran la Agenda 2030
como un plan de las élites progresistas occidentales para instaurar un nuevo
orden mundial. En especial señalan dos proyectos encubiertos que serían la
ideología de género y el control de la natalidad, para construir una sociedad
en la que quede superado el concepto de hombre/mujer (Mateo Requesens)[1].
Cuando se habla de salud reproductiva y derechos reproductivos se promueve en
realidad la difusión de anticonceptivos y de control de la natalidad, y se
ejerce presión para la legalización del aborto.
No hace falta ver en esto conspiraciones
aunque los hechos indican que se trata de imponer el aborto como un derecho
además de un método anticonceptivo, con leyes que alteran la naturaleza de la sexualidad
y contradicen los conocimientos científicos, alterando la percepción de una parte
de la sociedad y dejando una triste herencia a las próximas generaciones.
De nuevo parece oportuno recordar la
advertencia de Orwell advirtiendo que hemos caído tan bajo que se hace
necesario recordar como gran novedad los valores más elementales y evidentes
como es el derecho a la vida, eso que reconoce la Constitución: «Todos tienen
derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso,
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».
De este modo y según las leyes
progresistas que otorgan nuevos derechos sociales, no todos tienen
derecho a la vida. Los más indefensos son apartados para remediar un error
-piensan- de sus progenitores. Y una parte de la sociedad y de las
instituciones como este Tribunal Constitucional arruinan la sociedad de los
valores.
Sin embargo, algún día la sociedad
hedonista retornará al buen camino de reconocer los valores morales pre políticos
como entramado de una sociedad libre y humana, en la que todos tengan derecho a
vivir.
Jesús Ortiz. Madrid
https://www.religionenlibertad.com/blog/768583471/El-aborto-no-es-un-derecho.html
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